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En Latinoamérica existe una diversidad de posturas con relación a la aplicación de la reelección presidencial, mientras que algunos países la han prohibido, otros como Costa Rica, Bolivia, Honduras, Nicaragua, y Venezuela han promovido reformas constitucionales o realizado interpretaciones judiciales tendientes a permitirla[1], incluso de manera indefinida, favoreciendo a los gobernantes que se encuentran en el poder, lo que podría resultar contrario a la estabilidad de las democracias y la protección de los derechos humanos.
Por tal motivo, teniendo en cuenta las posibles consecuencias negativas que puede acarrear, hemos decidido reflexionar en torno a esta figura y su compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es preciso aclarar que el sistema interamericano no impone un sistema electoral ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido.[2] En ese sentido, la CADH al establecer, en el artículo 23, los requisitos mínimos que deben cumplir los Estados parte en relación con los derechos políticos[3], únicamente prevé que su ejercicio puede ser reglamentado en ley exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. De acuerdo con el criterio vertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Yatama v Nicaragua, hay dos formas de reglamentar estos derechos, la primera, a través de la imposición de requisitos los cuales deben cumplir con exigencias de legalidad, necesidad y proporcionalidad democrática, y la segunda, mediante restricciones que deberán estar previstas en ley, no ser discriminatorias, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que las torne necesarias para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Por consiguiente, se puede inferir que, de acuerdo con el marco convencional del sistema interamericano, la reelección presidencial, per se, no se encuentra prohibida, como tampoco lo está la no reelección, sino que es una figura cuya regulación puede ser optativa por el ámbito interno de cada Estado miembro. No obstante, cualquier medida que se adopte para su regulación, ya sea para admitirla o prohibirla, deberá cumplir con los estándares de no discriminación y respeto del principio democrático.[4] Lo que es cierto, la introducción de la reelección de manera indefinida al orden jurídico de un Estado, es contraria al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues atenta de manera significativa a la democracia, a la seguridad jurídica y a la pluralidad política, toda vez que, al no existir límites facilitaría la permanencia de un gobernante en el poder, restringiendo con ello las opciones y posibilidades de los ciudadanos para votar, sumado a la posible vulneración de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión o acceso a la información. El abuso de la reelección puede traer consigo un quebranto democrático de consecuencias irreparables.[5] Por tal motivo, los límites jurídicos en cuanto a la temporalidad en el ejercicio del poder resultan fundamentales para la protección de los derechos humanos y políticos de los electores, la democracia y el estado de derecho, objetivos legítimos del sistema interamericano. Finalmente, éstos son algunos aspectos que la Corte IDH tendrá que analizar al emitir la Opinión Consultiva OC-28 presentada por Colombia, relativa a la reelección presidencial indefinida y por la que recientemente celebró una audiencia pública para recibir argumentos.[6] [1] Centro Strategia Electoral A.C, “Observaciones por escrito a la Opinión Consultiva 4/2019, presentada por el Estado de Colombia relativa a la figura de reelección presidencial indefinida”, pp. 6-11. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/oc28/14_strategiaelect.pdf [2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos políticos” en Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7, 2018, p. 39. Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo20.pdf [3] A saber, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. [4] Centro Strategia Electoral A.C, “Observaciones por escrito a la Opinión Consultiva 4/2019…, op. cit. p. 30. [5] Ibídem, p. 37 [6] Las tres jornadas de la audiencia pública pueden consultarse en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCD1E1io4eeR0tk9k4r5CI9w
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En los últimos meses hemos experimentando una aceleración de la transformación digital que, como nunca antes, ha incrementado el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Lo anterior, si bien ha resaltado el papel relevante de la tecnología, también ha evidenciado las vulnerabilidades y amenazas del ciberespacio, a las que nos encontramos expuestos.
Por tal motivo, reflexionaremos sobre la seguridad cibernética, también conocida como ciberseguridad, un fenómeno que en la utilización y desarrollo de las TIC debe contribuir a la protección de derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, respeto a la vida privada y protección de datos personales, entre otros. En principio, cabe señalar qué se entiende por ciberseguridad. Este concepto implica “el conjunto de acciones tomadas por organizaciones e individuos para mitigar los riesgos que enfrentan en el ciberespacio, con el propósito de disminuir la probabilidad de sufrir un ciberataque”, lo que incluye soluciones tecnológicas, tales como el uso de programas anti-virus o la actualización periódica de software, así como buenas prácticas en el uso de las TIC.[1] De acuerdo con los datos del Reporte Ciberseguridad 2020: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe, el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial reportó que el riesgo de ciberataques a la infraestructura crítica y el fraude o robo de datos se clasifica entre los 10 principales riesgos con mayor probabilidad de ocurrir y que la Perspectiva de Riesgos del COVID-19 registró los ciberataques como la tercera mayor preocupación. Al respecto, es preciso destacar que a nivel internacional existen diversos instrumentos que regulan la ciberdelincuencia[2], como el Convenio sobre Ciberdelincuencia, mejor conocido como Convenio de Budapest, del Consejo de la Unión Europea, en el que actualmente México es país observador. A pesar de que el Índice Global de Ciberseguridad 2018[3] había mostrado una mejora y el fortalecimiento de los 5 pilares de la agenda (legal, técnico, organizacional, creación de capacidad y cooperación) en todas las regiones del mundo y que nuestro país se encontraba en la posición 63 de 175 países, las disposiciones sobre seguridad cibernética en México siguen siendo limitadas, pues únicamente el Código Penal Federal prevé los delitos informáticos en el título noveno “Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”, y como es sabido, existe un marco legal para la protección de datos personales como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.[4] A medida en que nuestras actividades incorporen un componente digital, la división entre los dominios físico y virtual se vuelve cada vez más indistinguible.[5] De manera que la aparición de nuevas tecnologías y sus aplicaciones, tales como la inteligencia artificial, big data, redes de quinta generación, computación en la nube, etc., hace que nos enfrentemos a nuevos desafíos, como la ciberdelincuencia (fraude tecnológico, abuso en línea, usurpación de identidad, entre otros), poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad de la información, la integridad de los datos almacenados o transmitidos, la autenticación de los usuarios y los sistemas. Ahora bien, toda vez que los poderes judiciales han comenzado a incluir nuevas tecnologías a fin de eficientar la labor jurisdiccional, no están exentos de sufrir ciberataques. Por ello, tanto en la creación como en la implementación de las TIC en este sector, se debe dar preferencia a la “ética desde el diseño” o el enfoque de “derechos humanos por diseño”, que implica que desde las fases de diseño y aprendizaje se integren normas que prohíban las vulneraciones directas o indirectas de derechos fundamentales, y en la resolución de conflictos se tendrá que garantizar el uso de fuentes certificadas y datos intangibles que respondan a un entorno tecnológico seguro, de manera que no se vulneren el derecho de acceso a la justicia y a un proceso equitativo (en igualdad de condiciones y respeto por el proceso judicial), ni el derecho a la vida privada de los justiciables. [6] [1] Perspectiva de ciberseguridad en México, McKinsey & Company en colaboración con Comexi, junio 2018. Disponible en: https://consejomexicano.org/multimedia/1528987628-817.pdf [2] A saber, el acuerdo de cooperación en el ámbito de la seguridad de la información de la Organización de Cooperación de Shanghai; la convención relativa a la lucha contra los delitos informáticos de la Liga de los Estados Árabes, y la convención relativa a la seguridad cibernética y la protección de datos personales de la Unión Africana. [3] Instrumento que tiene por objeto monitorear el compromiso con la ciberseguridad de los 194 Estados Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf [4]A propósito, recientemente en el Senado de la República se presentó una iniciativa que tiene por objeto expedir la Ley General de Ciberseguridad. Senado de la República, Gaceta del día Miércoles 02 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/111723 [5] Tenorio Cueto, Guillermo A., La protección de datos personales. Revisión crítica de su garantía en el sistema jurídico mexicano, México, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2018, p. 238. [6] Para mayor referencia consultar la Carta Europea sobre el Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales y su Entorno de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. Estrasburgo, 3-4 diciembre 2018, pp. 8 a 10. La traducción es nuestra. Disponible en inglés: https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c En esta ocasión hemos decidido reflexionar en torno a la conveniencia de la irrevocabilidad de la adopción plena, lo anterior, derivado de la noticia que documenta el fallo del Tribunal de Justicia de Sao Paulo (TJSP), que condena a una pareja a compensar con más de 27 mil dólares (150 mil reales) por daños psicológicos y morales a un niño que habían adoptado y con quien mantuvieron un vínculo familiar por casi dos años.
En lo que se refiere a los hechos, resulta oportuno resaltar que previo a la adopción, el niño convivió en diversas ocasiones con la familia a fin de generar un vínculo con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de convertirse en sus padres adoptivos; figura conocida en nuestra legislación como familia de acogimiento pre-adoptivo.[1] Así, a finales de 2015 un tribunal les otorgó la custodia, concluyendo el proceso de adopción en 2016; sin embargo, un año después decidieron solicitar la revocación de la adopción, argumentando que, además de su mal comportamiento, tenían dificultades para crear vínculos emocionales con él. A causa de ello, el niño fue enviado con un tutor, quien en 2018 solicitó su adopción. Este precedente, desde luego, resulta trascendente, pues como sabemos, la adopción plena se rige por el principio de irrevocabilidad, cuyo fundamento “…nace armonizando su naturaleza jurídica y la necesidad de estabilidad”, tal y como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizando que “es la consecuencia lógica del estado de familia que se crea al amparo de la adopción; lo que diferencia a la adopción en gran medida de cualquier negocio jurídico generador de derechos patrimoniales o personales”.[2] En ese sentido y con la finalidad de asegurar al adoptado una estabilidad esencial para su desarrollo y formación, la adopción genera un vínculo filial indisoluble, de tal forma que la adopción definitiva no puede quedar en estado de incertidumbre. Ahora bien, es conveniente recordar que el principio del interés superior de la niñez se erige como la consideración principal que debe atenderse en cualquier proceso que involucre a niñas, niños y adolescentes, como es el caso de la adopción, que deja claro que no existe un derecho del adoptante a adoptar (y solicitar su revocación) sino un derecho del adoptado a ser parte de una familia. De esta manera, para restituir el derecho del niño a vivir en familia, se debe buscar que los adoptantes cumplan con los más estrictos parámetros de idoneidad, de manera que el niño viva en una familia, como si fuese su familia biológica, que le otorgue un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social[3]. Por lo que los padres adoptivos tienen la responsabilidad de proporcionar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida que sean necesarias para su sano desarrollo.[4] En lo que se refiere a la situación específica y particular en la que se encontraba el niño de 6 años en el caso que se analiza, pudiera parecer razonable -frente a la decisión firme de los adoptantes de revocar la adopción- la ruptura del vínculo jurídico y la condena impuesta por el TJSP ante los daños causados, sin embargo, no se debe dejar de lado que el niño no puede ser tratado como un objeto, sujeto al cambio de voluntad de los adoptantes, sino que se debieron tomar todas las medidas necesarias para ayudar a los padres adoptivos a cumplir con sus responsabilidades de dar efectividad a los derechos del niño, como lo hacían con su hijo biológico de edad similar. Sin lugar a dudas, el principio de irrevocabilidad de la adopción debe prevalecer precisamente en aras de otorgar una mayor certeza y estabilidad al niño quien es quien preside la adopción, no obstante, en supuestos excepcionales como el que se estudia, exigen del juzgador analizar las circunstancias particulares de cada caso, y de ser necesario acudir a otros profesionales con el fin de determinar lo óptimo para el niño. [1] Artículo 4, fracción XIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. [2]Tesis: 1a. LIII/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, febrero de 2013, p. 796. [3] Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño [4] A mayor abundamiento de la figura jurídica de la adopción, puede consultar nuestro ensayo en:https://www.centroeticajudicial.org/uploads/8/0/7/5/80750632/adopcio%CC%81n_a_la_luz_del_intere%CC%81s_del_nin%CC%83o.pdf Con motivo de la pandemia, a lo largo de los últimos meses los gobiernos de diversos países han adoptado medidas para su combate y, en algunos supuestos, su implementación ha limitado el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Por ello, resulta oportuno reflexionar sobre un caso reciente en el que el Tribunal Constitucional de España determinó que la protección de la salud pública prevalece frente a los derechos de reunión y manifestación.
Los hechos del caso se centran en la demanda de amparo interpuesta por el Sindicato Centra Unitaria de Traballadores (CUT) al habérsele impedido realizar una manifestación rodada en coches particulares, con motivo de la celebración del 1º de mayo. El sindicato arguyó que la constitución española reconoce el derecho de reunión y manifestación como derecho fundamental y que, si bien el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma tiene por objeto hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, éste no supone la suspensión de estos derechos. No obstante, el órgano jurisdiccional en su resolución desestimó dicho recurso al considerar que “parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación, que se deriva claramente de la resolución judicial impugnada, guarda una relación lógica y necesidad evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una enfermedad grave…”. Así, enfatizó que “no se trata aquí de garantizar el orden público o de asegurar la no alteración del orden público… sino en la garantía del derecho a la integridad física y la salud de las personas”. El fallo deja claro que la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo debe calificarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional al proteger la vida y la integridad física de las personas, así como su salud. Es precisamente por lo anterior que el Tribunal sostiene que la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho concuerda con la justificación de la declaración del estado de alarma. De estas circunstancias excepcionales surge un nuevo escenario en el que los límites a los derechos se vuelven necesarios para evitar que “su ejercicio extralimitado pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales”, como lo son, en el caso que nos ocupa, la vida y la salud de las personas. Escenarios como el que vivimos, sin lugar a dudas, exigen de los órganos jurisdiccionales garantizar los derechos fundamentales y que, en el análisis de sus restricciones, atiendan al principio de proporcionalidad, es decir, evaluar si la injerencia en dichos derechos resulta equilibrada en relación a la necesidad social protegida[1]. Sin embargo, para que los derechos que prevalecen se protejan de manera efectiva, no basta que las autoridades restrinjan otros derechos so pretexto de su garantía, sino que fundamentalmente requieren asegurar su pleno ejercicio, en el caso particular, a través de un acceso óptimo a los servicios de salud. [1] A mayor abundamiento del principio de proporcionalidad puede consultar nuestro ensayo en: http://www.centroeticajudicial.org/uploads/8/0/7/5/80750632/principio_de_proporcionalidad-docx.pdf La Conferencia Sobre el Medio Humano o Conferencia de Estocolmo se llevó a cabo del 5 al 16 de junio de 1972, con el objetivo de “forjar una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio humano”[1], en ésta se adoptaron la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano[2] y un Plan de Acción para el Medio Humano. Derivado de esta Conferencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 15 de diciembre del mismo año, aprobó la resolución A/RES/2994 (XXVII) en la que se designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, así como también la resolución A/RES/3000 (XXVII) que fue el preámbulo para la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo especializado en medio ambiente.[3]
Aprovechando la ocasión y debido a su trascendencia, hemos decidido reflexionar en torno al derecho a un medio ambiente sano. Desde 1999, se elevó a rango constitucional, en el párrafo quinto del artículo 4º el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado[4] y a partir de 2012, se reformó el término adecuado por sano, y se adicionó la obligación del Estado de garantizar su respeto, y más aún, estableció la responsabilidad en términos de ley de quien provoque daño y deterioro ambiental. Por otra parte, existe un amplio catálogo de Tratados Internacionales que protegen el medio ambiente –como tal- de los cuales el Estado mexicano forma Parte[5]. Empero, incluido en Tratados en materia de Derechos Humanos, relativos a derechos económicos, sociales y culturales, lo encontramos en el Sistema Universal, como parte de las medidas que deberán adoptar los Estados para la protección del derecho a la salud, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[6], y en el Sistema Regional, en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[7], se instaura como derecho con vida propia. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho se encuentra en desarrollo y ha dado de mucho de qué hablar, por lo que nos podemos preguntar si forma parte de las garantías de protección para la realización de otros derechos, o si se puede considerar un derecho en sí mismo, ubicado dentro de los “Derechos de Solidaridad” o Derechos de Tercera e incluso de Cuarta Generación[8]. Coincidimos tanto con la doctrina como la jurisprudencia en construcción, que sostienen que el derecho a un medio ambiente sano es de titularidad individual y colectiva y obliga a los Estados y a los particulares y que con su debida tutela y exigibilidad se protegen otros derechos fundamentales por su íntima vinculación[9], principalmente los derechos humanos a la vida y a la salud. Más aún, ante la innegable relación de este derecho con el goce de diversos derechos humanos, su violación debe ser analizada por los tribunales correspondientes. Tal y como ocurrió en el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, que recientemente resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el cual determinó la responsabilidad del Estado por la violación de varios derechos a 132 comunidades indígenas, entre los que destaca el que nos atañe. Sin lugar a dudas, nos encontramos en un punto de inflexión en la protección del medio ambiente ya que de no mejorar nos estaremos enfrentando a la extinción de miles de especies para el correcto funcionamiento de nuestros ecosistemas y con ello amenazando nuestra salud y existencia. Por tanto, resulta trascendental que las acciones de las autoridades y de los ciudadanos sean acordes la protección del medio ambiente, pensando no sólo en el hoy y ahora sino en las futuras generaciones ya que como señaló la Primera Sala de la SCJN en su tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.) estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. El paradigma ambiental se basa en una idea de interacción compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. Por lo anterior, es evidente la necesidad de garantizar progresivamente este derecho y desde luego, su tutela judicial. [1] Naciones Unidas, Día Mundial del Medio Ambiente 5 junio, consultable en https://www.un.org/es/node/73113/ [2] Recordemos que las Declaraciones Internacionales no cuentan con fuerza vinculatoria, toda vez que no son Tratados Internacionales. [3] Naciones Unidas, cit. supra 1. [4] Y con ello, incluyó en el artículo 25 el término “sustentable” entre los principios para la rectoría del desarrollo nacional. [5] Consultables en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php [6] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981. [7] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1998. [8] Tesis TCC XXVII.3o.15 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, junio de 2018, p. 3092. [9] Alanís Ortega, Gustavo Adolfo, Derecho a un medio ambiente sano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013. Consultable en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/28.pdf Consideraciones en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública5/29/2020 Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un Acuerdo mediante el cual el Presidente de la República ordena a la Fuerza Armada permanente llevar a cabo, en coordinación con la Guardia Nacional, tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, durante el tiempo en que ésta última desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Llama la atención, que en términos del artículo quinto transitorio del Decreto por el cual se reforma la Constitución Federal a fin de crear la Guardia Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2019, dicha participación no debe exceder de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del referido decreto, por tanto el citado Acuerdo concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que indicó que no se establece claramente qué debe entenderse respecto a los términos “extraordinaria”, “fiscalizada” y “subordinada”, lo que en su opinión se traduce en “una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos”. Es importante destacar que en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, reiteró que como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana principalmente deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles, sin embargo, sostuvo que cuando las fuerzas armadas excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, su participación debe ser:
En ese mismo sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/2018, en la que determinó que la Ley de Seguridad Interior resultaba inconstitucional, entre otras cuestiones, al contener disposiciones que pretendían normalizar la injerencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Ahora bien, bajo esta premisa, aun cuando el Acuerdo refiere que dicha intervención debe atender a ciertas condiciones, carece de elementos concretos y definitorios, al no establecer un parámetro que limite su actuación, siendo que “si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.[1] Dicho lo anterior, si bien podemos afirmar que hay ciertos casos en que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en funciones de seguridad pública, incluso previstos en nuestra Carta Magna, esto “debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencias”.[2] De lo contrario, puede implicar la introducción de un riesgo para el respeto de los derechos humanos y con ello, un debilitamiento del Estado de derecho. [1] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores, “Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010”, Serie C No. 220., párr. 87. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf [2] Ibídem, párr. 89 El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa desde 1993, fecha elegida para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, que recogía los principios de la libertad de prensa convenidos por los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en Namibia.[1]
Por su parte, el pasado 7 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió el caso Khadija Ismayilova v. Azerbaijan[2], lo que nos lleva a reflexionar en torno a la libertad de prensa, protegida en diversos intrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3] en su artículo 19 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el mismo numeral, previendo que comprende la libertad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[4] Asimismo, señala que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales y por ello, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Ahora bien, se puede afirmar que como todo derecho y toda libertad, ésta a su vez tiene sus propios límites, como los previstos en el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, en los que exista un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que provoque algún delito, o perturbe el orden público. Luego entonces, cualquier restricción a la libertad de prensa, que no cumpla con alguno de los supuestos puede calificarse como arbitraria, como en el reciente caso resuelto por el TEDH en el que una periodista, quien trabajaba para la “Radio Europa Libre/Radio Libertad” (“Azadliq Radio”) y que tras haber publicado diversas notas periodísticas sobre la corrupción en altos niveles del gobierno de Azerbaiyán, fue víctima de intromisiones en su vida personal mediante la publicación de videos con contenido sexual, posteriormente fue privada de su libertad, a pesar de que en el proceso penal no se verificó una “sospecha razonable”[5] de haber cometido el delito que se le imputaba. Más adelante, fue objeto de desacreditación en los medios de comunicación del Estado, en particular del periódico “Səs”, el cual difundió un artículo en el que se hicieron comentarios despectivos sobre diversos periodistas y políticos de la oposición, refiriéndose a ella como una “estrella pornográfica”, asunto que resolvió el TEDH determinando la violación al derecho al respeto a su vida privada y familiar.[6] De lo anterior, destaca que, si bien el periódico argumentó que el objetivo principal del artículo en cuestión era atacar a varios periodistas de la oposición por su postura crítica hacia los miembros del partido gobernante, el TEDH señaló que no puede haber un interés público que legitime las intromisiones en la vida privada de una persona, resaltando además que las declaraciones eran incompatibles con la ética del periodismo y habían sobrepasado los límites permisibles de la libertad de expresión, toda vez que pretendía, mediante el uso de un lenguaje ofensivo y despectivo influir negativa y radicalmente en la forma en que se le consideraba en la sociedad. En definitiva, podemos afirmar que las restricciones a la libertad de expresión, en particular la ejercida por la labor periodística y el trabajo de los medios informativos, deben ser la excepción a la regla y siempre de responsabilidad ulterior. No debemos olvidar que la libertad de expresión es la piedra angular de todo sistema democrático, y que la libertad de prensa constituye por su propia naturaleza un brazo instrumental de aquella libertad[7], por lo que es importante que cuando ésta pretenda limitarse, siga un riguroso test de proporcionalidad, atendiendo específicamente a las circunstancias del caso, garantizando con ello el pleno respeto a los derechos humanos. [1] Naciones Unidas, Día Mundial de la Libertad de Prensa 3 de mayo, material consultable en la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day [2] Sentencia disponible en inglés en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202423%22]} [3] Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III). Se aclara que las declaraciones internacionales no son tratados internacionales y por tanto, no tienen fuerza vinculatoria. [4] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976. [5] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Khadija Ismayilova v. Azerbaijan (No.2), No. 30778/15, sentencia de 27 de febrero de 2020, párrafo n. 83. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230778/15%22],%22itemid%22:[%22001-201340%22]} [6] Artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de fecha 4 de noviembre de 1950. [7] Tenorio Cueto, Guillermo Antonio, La libertad de expresión en los noticiarios. Los retos en tiempos electorales, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2019, p. 30. Como bien sabemos, la tecnología cada día está más presente en todos los aspectos de nuestra vida, por lo que no es de extrañar que repercuta a su vez en el ámbito del derecho.
Éste es el caso que enfrenta actualmente Madrid, en el contexto del Coronavirus COVID-19, toda vez que la Comunidad de Madrid, en conjunto con Telefónica, CartoDB, ForceManager, Mendesaltaren, Martin Varsvasky, Google y Ferrovial crearon una aplicación web con la intención de que los ciudadanos pudieran autoevaluar de manera continua su estado de salud para descartar un posible contagio o recibir recomendaciones en caso de tener síntomas relacionados con esta pandemia y así poder descongestionar la línea telefónica de emergencias. Ello siguiendo el ejemplo de China y Corea del Sur, principalmente de ésta última, cuyo viceministro de salud declaraba a principios de marzo que había dos principios que consideraban fundamentales en la acción gubernamental: “El primero es que en la participación [ciudadana] debe primar la apertura y transparencia. El segundo, es emplear recursos creativos y tecnología último nivel para desarrollar los métodos de respuesta más efectivos”.[1] No obstante, en Madrid esta medida desató una ola de inconformidad, toda vez que la aplicación pide a los usuarios, previo a poder contestar las preguntas del cuestionario, diversos datos personales, como el nombre, edad, género, correo electrónico, teléfono y número de DNI (Documento Nacional de Identidad), además de dar la opción de recabar datos de geolocalización; mismos que, explica, serán compartidos con proveedores y colaboradores, así como sus subcontratistas “garantizando el máximo nivel de protección”. De acuerdo con la misma, estos datos “son estrictamente necesarios por razones de interés público ante la actual situación de emergencia sanitaria decretada por las Autoridades Públicas como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y la necesidad de su control y propagación, así como para proteger y salvaguardar un interés esencial para tu vida y/o la de terceros”.[2] Si bien es cierto que en Corea del Sur fue la implementación de esta tecnología la que permitió disminuir de manera drástica la tasa de contagios, sin movilizar al personal sanitario, cabe preguntarnos si el derecho de protección de datos personales debe prevalecer ante el interés público y, en caso afirmativo, en qué medida; para ello no deben perderse de vista, por los diversos actores de protección de derechos humanos y en específico del sector jurisdiccional, las eventuales violaciones que pudieran suscitarse al replicar estos cuestionarios digitales en diversos países, incluyendo México[3]. Recordemos que si bien el interés público tiene por objeto velar por la salud pública que consagra nuestro artículo 4º constitucional, los datos personales que se recaben para estos efectos deben ser los mínimos necesarios, consentidos y por ningún motivo filtrados por considerarse “datos sensibles” por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones en la materia. De no prestar especial atención a estas actuaciones, se pondrían en riesgo no sólo la protección de la privacidad, sino también la revelación indebida de la condición que guardan pacientes y enfermos, lo que fomenta a su vez discriminación social. [1] Satirso, Jaime, “Corea del Sur: contra el coronavirus, tecnología”, El País, Pekín, 13 de marzo de 2020. Consultable en: https://elpais.com/tecnologia/2020-03-13/corea-del-sur-contra-el-coronavirus-tecnologia.html [2] S/A, “La ‘app’ de Madrid contra el coronavirus ¿Es seguro dar mi móvil y todos mis datos?”, Grupo Ático 34, Madrid, España, 23 de marzo de 2020. Disponible en: https://protecciondatos-lopd.com/empresas/coronavirus-app-madrid/ [3] En México es posible acceder a dichos cuestionarios a través de plataformas tecnológicas y enlaces como: m.me/covid.diagnostico o https://www.diagnostikare.com/ por dar un ejemplo. Mucho se habla del tema, se le ha dedicado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y cada 6 de febrero se vive el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF) de la cual se calcula que 200 millones de niñas y mujeres vivas han sido víctimas.[1] Sin embargo, tan solo en enero de este año se han registrado en el país 8,186 mujeres víctimas de violencia, de los cuales podemos destacar 72 presuntos feminicidios, 14 perpetrados en contra de menores de edad, 247 presuntos homicidios dolosos y 296 de presuntos homicidios culposos, 37 presuntos secuestros y 117 presuntas víctimas de corrupción de menores.[2]
Desde 1981 México se adhiere a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la cual exhorta a los Estados a erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres mediante la creación de políticas públicas. Para junio de 1998 ratificamos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como "Convención De Belem Do Para". Esta convención plasma por primera vez el tema de violencia contra la mujer catalogado en 3 tipos: física, sexual y psicológica; y en 3 ámbitos: la vida privada, la vida pública y la perpetrada o tolerada por el Estado. Además, obliga a los Estados parte, entre otras cosas, a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”[3], e “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”[4] Al respecto, el 1 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre otros contiene las órdenes de protección y de restricción en caso de violencia contra las mujeres y los mecanismos de prevención. Para 2012 se plantea, como necesidad social más que jurídica en nuestro Código Penal Federal el delito de feminicidio, en su artículo 325, mismo que se tipificó en los códigos penales de las 32 entidades federativas hasta finales del año 2017, no siempre de la misma forma, de hecho, en 8 Estados es tratado como una agravante del homicidio y no como un tipo autónomo. El mayor problema del feminicidio es su adecuación o configuración al tipo penal ya que en la mayoría de los Estados incorpora elementos subjetivos, como lo es el probar que la privación de la vida se hizo por razones de género. Por ejemplo en el estado de Puebla se tendría que comprobar que el sujeto activo lo cometa por “celos extremos” o “por odio o aversión a las mujeres”. A pesar de la regulación actual en nuestro país, muchas mujeres viven una situación de constante violencia que atenta directamente contra varios derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Incluso en cuatro ocasiones México ha sido condenado a responsabilidad internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos perpetrados contra las mujeres: en 2009 en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, en 2010 en el caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, en 2011 en el caso Fernández Ortega y otros Vs. México, y el más reciente en 2018 en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. No obstante lo anterior, la situación no ha mejorado, por ello es necesario que cada quien asuma su responsabilidad para construir un país en el que ninguna mujer, en todas las etapas de su vida, sea violentada. Los servidores públicos, especialmente los impartidores de justicia se encuentran en un punto de inflexión para combatir este fenómeno, aplicando los Tratados Internacionales de referencia y medidas orientadoras como las establecidas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que incluyen herramientas para eliminar la discriminación y violencia en contra de la mujer. [1] https://news.un.org/es/story/2019/02/1450581 [2] Según el reporte de Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), enero 2020, publicado en https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019 [3] Artículo 7, inciso B. [4] Artículo 7, inciso C. Con ocho votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional de Chile, en diciembre de 2018[1], declaró inconstitucional una disposición normativa del “Reglamento para ejercer Objeción de Conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario” que prohibía invocar objeción de conciencia a los establecimientos privados de salud, que perciben recursos públicos y contemplan prestaciones de obstreticia y ginecología en pabellón, ante su negativa para practicar abortos.
Al respecto, la magistratura constitucional concluyó que la objeción de conciencia institucional asume el carácter de un derecho constitucional derivado de la autonomía propia de los grupos intermedios de la sociedad y de la libertad de asociación, y que, al no ser este un derecho contrario al bien común que cause perjuicio a terceros, no corresponde a la ley imponerle condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio como tampoco gravarlo con sanciones u otras formas de represión que puedan inducir a su renuncia. Así, en términos generales, los argumentos vertidos en la sentencia Rol N° 5572-8/5650-18-CDS para dejar sin efectos la disposición referida fueron: Primero, respecto a la autonomía de los grupos intermedios o entes asociativos, que está reconocida a nivel constitucional e implica la necesaria e indispensable libertad para determinar sus objetivos, que sus miembros puedan organizarse del modo que estimen más conveniente, decidan sus propios actos y la forma de administrarse, así como las reglas por las cuales han de regirse, sin la intromisión de autoridades o personas ajenas a ésta y sin más limitaciones que las previstas en la Constitución. En ese sentido, consideró con base en dicha autonomía que la objeción de conciencia no se agota únicamente en el orden individual, sino que también se extiende al libre pensamiento de las asociaciones privadas, de conformidad con lo expresado en sus estatutos, idearios o declaración de principios rectores. En segundo lugar, por lo que hace a la prohibición de alegar objeción de conciencia a las instituciones privadas de salud que hayan celebrado convenios con los “Servicios de Salud”, determinó que, si bien la institución privada a través de dichos convenios reemplaza un servicio estatal y obra por cuenta de éste, dicha transferencia o delegación de funciones lo es “en relación únicamente a un determinado quehacer y no a un cierto modo de ser”, y ello no implica que pueden aceptar la ejecución de otras acciones que “escapan a su ideario, ni que tenga que renunciar a su identidad y al derecho a apelar a la objeción de conciencia institucional”. Por último, precisó que el derecho a la objeción de conciencia institucional ha de entenderse como un “título lícito” que exime de ejecutar determinadas obligaciones legales cuando éstas repugnan los principios y creencias o convicciones legítimos de una persona o entidad, que no debe interpretarse como si éste fuese un privilegio ante una anormalidad que se aparta de una regla general, pues de ser así, se estaría restringiendo el ejercicio de este derecho. Esta sentencia, coincide con la resolución 1763 del consejo de Europa sobre la objeción de conciencia sanitaria, toda vez que introduce la perspectiva institucional y no sólo la individual para los casos de objetores de conciencia, lo que nos lleva a la obligada reflexión de extender los alcances de este derecho fundamental a las personas jurídicas privadas[2], sobre todo ante los constantes intentos de incorporación normativa de figuras que se presentan como “servicios de salud” susceptibles de generar una objeción de conciencia, como por ejemplo, el aborto y la eutanasia, lo cual corresponderá determinar al operador jurisdiccional en los casos concretos. [1] Consultar la noticia “INCONSTITUCIONAL PROHIBICIÓN A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD PARA INVOCAR OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL ABORTO”, de fecha 6 de diciembre de 2018, en la página del Centro de Ética Judicial https://www.centroeticajudicial.org/noticias.html [2] A mayor abundamiento del tema de los derechos fundamentales de las personas morales consultar en: https://www.centroeticajudicial.org/uploads/8/0/7/5/80750632/los_derechos_fundamentales_de_las_personas_jur%C3%ADdicas_privadas.pdf |
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