En esta ocasión hablaremos de la justicia cotidiana, ya que ocupa uno de los primeros lugares en la agenda legislativa.
En noviembre de 2015, la Presidencia de la Republica inauguró los llamados Diálogos por la Justicia Cotidiana, en los que participaron el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y más de 200 expertos de 26 instituciones, incluyendo a representantes de la sociedad civil, investigadores, académicos y abogados; así como integrantes de organismos autónomos y de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Durante dichos Diálogos se definió a la justicia cotidiana como “…la justicia más cercana a las personas. La que vivimos día a día en nuestras interacciones ordinarias, la que facilita la convivencia armónica y la paz social. Es la que reclaman vecinos, trabajadores, padres de familia y la que se vive en las escuelas.” Con la finalidad de lograr lo anterior se han propuesto: la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para unificar las reglas en la materia en todo el país, fortalecer la independencia de los poderes judiciales locales, impulsar que los jueces y magistrados se nombren a partir de conocimientos y experiencia, a fin de elevar la calidad de la justicia que imparten, buscar que las autoridades privilegien la resolución del fondo de los conflictos, evitando que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a los mexicanos, entre otros. Este último punto se ve hoy día reflejado en el actual texto del artículo 17 constitucional, cuyo tercer párrafo fue reformado el pasado 15 de septiembre del 2017, en el cual se estableció que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.” Como parte del proceso derivado de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el Presidente de la República, firmó y envió al Congreso de la Unión, un paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo. Pareciera que la Justicia Cotidiana es la panacea para resolver los problemas de impunidad e impartición de justicia de nuestro país, y si bien muchas de las propuestas resultan atractivas y con efectos positivos, como podría ser la homologación del funcionamiento de los registros civiles, a fin de que, sea posible obtener una acta de nacimiento o de matrimonio vía Internet, así como la propuesta de una nueva Ley General de Registros Públicos y Catastros, que brinde a todos los mexicanos certeza sobre la propiedad independientemente en donde se encuentre su inmueble. Sin embargo, las iniciativas no van acompañadas de un paquete de presupuestos y planes de aplicación que permitan que en toda la República se logre la homologación, puesto que no se trata solo de una implementación normativa, sino de planes que requerirán modificar o crear instalaciones, oficinas, pagos de salarios de puestos de nueva creación, entre otros, para lograr su efectiva implementación. Por último, queda por reflexionar si, a través de las leyes generales que han proliferado en los últimos años, nos estamos enfrentando hacia un centralismo y con ello, poniendo en juego nuestro sistema federal.
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